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Birmania da por concluida las "operaciones de seguridad" en el estado Rakhine

15 feb 2017
21h09
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El Gobierno de Birmania (Myanmar) dio por concluidas las "operaciones de seguridad" en el norte del estado Rakhine, donde los militares impusieron un bloqueo de cuatro meses que llevó a Naciones Unidas a alertar sobre posibles crímenes contra la humanidad, publican hoy medios oficialistas.

El pasado 9 de octubre, un ataque contra tres puestos de la policía de la pedanía de Maungdaw, norte de Rakhine y frontera con Bangladesh, atribuido a insurgentes rohinyás desató una campaña de represalia por parte del Ejército.

Organizaciones en favor de los derechos humanos han denunciado desde entonces numerosas violaciones, torturas, robos, quemas de viviendas y ejecuciones perpetradas por los uniformados contra la población rohinyá.

No obstante, el Ejército y el Gobierno, liderado de facto por la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, han negado las denuncias y sostienen que la actuación del cuerpo castrense se ciñe a la ley.

"La situación del norte de Rakhine es ahora estable. Las operaciones de seguridad realizadas por los militares han cesado, el toque de queda ha sido levantado y allí solo permanece la presencia policial para mantener la paz", señaló Thaung Tun, consejero para la Seguridad Nacional, reporta el diario local "The Global New Light of Myanmar".

El consejero reiteró el compromiso del Ejecutivo en investigar las denuncias de abusos, que hasta ahora no han ayudado a esclarecer lo sucedido en la región.

"No puede haber excusas para el uso excesivo de la fuerza, para los abusos de los derechos humanos fundamentales. Hemos mostrado que estamos preparados para actuar donde haya evidencias claras de abusos", dijo Thaung anoche en una velada frente a diplomáticos y representantes de Naciones Unidas.

Según las cifras oficiales el número de muertos entre la población rohinyá tras el despliegue militar ronda el centenar, una cifra que se queda corta según los testimonios recabados por las organizaciones no gubernamentales.

Durante las operaciones de seguridad el cuerpo castrense bloqueó la entradas de medios independientes y ayuda humanitaria, lo que ha impedido que se lleve a cabo una investigación independiente.

El consejero especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, se mostró a principios de mes "conmocionado y alarmado" ante el informe del alto comisionado para los Derechos Humanos, que denunció numerosos casos de abusos contra los rohinyá por acciones de las fuerzas armadas que podrían considerarse "limpieza étnica".

El de los rohinyá es un asunto sensible en la política birmana, condicionada por grupos radicales budistas que llevaron al anterior Ejecutivo a adoptar múltiples medidas discriminatorias contra ese colectivo, incluida la privación de movimientos.

Más de un millón de rohinyá viven en la actualidad en el Estado Rakhine, oeste del país, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos.

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