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La ONU preocupada por violencia contra defensores de DD.HH. en Colombia

16 mar 2017
14h17
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La ONU expresó hoy su preocupación por la situación de violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia, en donde en 2016 "observó" 389 ataques de los cuales 59 fueron homicidios.

Asimismo instó al Gobierno y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a reconocer "plenamente sus responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario", para generar procesos de reparación en consenso con las víctimas.

Así consta en el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que fue presentado hoy en Bogotá, en el que se hacen 15 recomendaciones sobre este asunto.

"Hasta el 31 de diciembre, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad, incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores", dijo el representante en Colombia de esa Oficina, Todd Howland.

Agregó que entre los 59 asesinados estaban cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes LGBTI, tres sindicalistas, un dirigente afrocolombiano y dos juveniles.

El informe profundiza que los departamentos con mayor número de asesinatos verificados de defensores de derechos humanos fueron Cauca (14), Antioquia (7), Norte de Santander (6) y Córdoba (4).

"En 44 de los asesinatos verificados, los perpetradores estarían vinculados con intereses criminales colectivos o individuales", señala el informe.

El documento atribuye cuatro al Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno al Ejército Popular de Liberación (EPL), dos a milicianos de las FARC, uno a disidentes de esa guerrilla, seis a particulares y uno a la Policía durante una protesta social.

Detalla, además, que 43 de los asesinados desarrollaban su labor en zonas rurales y que 25 de estos casos ocurrieron en zonas con presencia histórica de las FARC.

"Es notable el aumento de asesinatos en las áreas rurales frente al 2015, cuando la Oficina registró 25 víctimas. Esto está relacionado con los vacíos de poder que han dejado las FARC; la escasa o débil presencia del Estado", dice el informe de la ONU.

Howland explicó que "el control territorial no llega de la simple presencia de la fuerza pública. Las FARC tenían una influencia en la economía, en la política, en lo social, y para cambiar la situación en estos territorios el Gobierno tiene que tener una aproximación integral".

Con respecto al acuerdo de paz firmado, el documento señala que está bien concebido, pero alerta que "las partes del acuerdo relacionadas con la inclusión política, social, tienen que dinamizarlas mucho antes de que otros grupos entren a estas zonas en donde estaban las FARC y en donde hay economías ilícitas".

Añadió que "la gente que ha estado viviendo tantos años bajo la influencia de las FARC está esperando tener las mismas oportunidades de la Colombia moderna en educación y salud" como lo hacen las personas en ciudades como Bogotá.

Para lograr esos cambios, Howland sugirió que el acuerdo de paz "sea implementado lo más rápido posible porque también notamos que varios defensores asesinados el año pasado lo fueron por apoyar políticas en favor del Gobierno" en aspectos como restitución de tierras, sustitución de cultivos y minería ilegal.

Entre las 15 recomendaciones que se hacen en el informe, está la urgente necesidad de que el Gobierno colombiano implemente el acuerdo de paz "con base en los estándares internacionales de derechos humanos".

Además, insta al Gobierno y a las FARC a garantizar la no repetición de las violaciones de estos derechos, lo que incluye dar prioridad al enfoque de género, la búsqueda de personas desaparecidas, límites y regulaciones para el otorgamiento de amnistías, indultos y medidas especiales, al igual que la protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades negras.

También alienta al Gobierno y al ELN a avanzar en los diálogos de paz que se desarrollan en Quito desde el pasado 7 de febrero.

Igualmente recomienda al Estado cumplir los compromisos políticos y técnicos acordados con los defensores de derechos humanos relacionados con prevención, protección e investigación.

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