El rango de edad en el que hay más afectadas es el comprendido entre los 25 y los 29 años. Estas mujeres denuncian más porque son conscientes de sus derechos.
Foto: Getty Images
A los médicos les desvelan las preocupantes cifras de violencia machista en el país, pero les inquieta todavía más que sus obligaciones, dentro de la nueva política gubernamental contra ese flagelo, puedan colisionar con el secreto profesional.
Sus pesadillas, como recordó el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Rodrigo Córdoba, tuvieron su origen el pasado miércoles, cuando el Gobierno presentó un paquete de decretos encaminados a prevenir cualquier tipo de violencia contra la mujer en todas las situaciones.
La ministra de Salud, Beatriz Londoño, se refirió entonces a la responsabilidad de los médicos como "denunciantes" de cada caso de violencia intrafamiliar, a lo que el gremio no está dispuesto.
"Nos negamos de manera rotunda a ejercer un papel de policía, a denunciar el delito y formar parte activa del proceso judicial, porque chocaría con nuestros principios éticos", argumentó Córdoba, quien respaldó "con profundo entusiasmo" toda iniciativa dirigida a acabar con la violencia.
Para Córdoba, que representa dentro de la organización a los psiquiatras, aportar todos los datos del diagnóstico a un sistema judicial por parte de un médico violaría de inmediato el secreto profesional, que una vez debilitado no daría ninguna garantía a la víctima.
Y es que esa relación de confianza con el doctor es clave, dado que el gran problema de violencia femenina sigue siendo la falta de diagnóstico. "Muchas de las mujeres se quedan en la casa curándose las heridas y no son capaces de consultar", por lo que según el psiquiatra es inconcebible debilitar el secreto médico.
Córdoba aguarda a que el Gobierno defina si la función de los profesionales de la salud es ser "policías" o sólo registrar los casos de malos tratos sin añadir detalles, lo que quedará establecido el próximo 20 de febrero, según lo prometió la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas.
Los decretos firmados por el Gobierno contemplan también que la mujer afectada no pueda retirar una denuncia por coacción o arrepentimiento y abre, a cualquier persona diferente a la víctima, la posibilidad de interponer un recurso de acción de tutela.
Durante cerca de medio siglo, Colombia ha centrado sus energías en combatir la violencia del conflicto armado, marco en el que las mujeres han sido blanco de agresiones por parte de todos los actores implicados en él.
Según un informe divulgado el pasado año por la ONG Intermón Oxfam, entre 2001 y 2009, un total de 489.687 mujeres fueron objeto de varios tipos de violencia sexual, de los que un 29 por ciento fueron cometidos por guerrilleros, paramilitares y miembros de la fuerza pública.
Sin embargo, según Córdoba el 90 por ciento de las mujeres atendidas en las consultas médicas llegan como víctimas de la violencia cotidiana, lo que sucede en un país en el que según un informe de la ONU en 2010, el 50 por ciento de los hombres admiten haber maltratado alguna vez a su esposa.
En 2010, de las 57.875 víctimas por maltrato que registró la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 51.182 correspondieron al género femenino, tendencia que se mantiene constante históricamente.
El rango de edad en el que hay más afectadas es el comprendido entre los 25 y los 29 años, lo que se explica en que es en ese momento en el que empiezan a convivir con su pareja y se consolidan las relaciones de dominio en culturas machistas y a que ellas denuncian más porque son conscientes de sus derechos.
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