La comunidad académica realizará una serie de protestas cuyo inicio está programado para los próximos 7 y 12 de octubre.
Foto: Terra / John Paz
Pese a que el Gobierno Nacional decidió dar marcha atrás respecto a la inversión de la empresa privada en la educación pública superior, alumnos y docentes continuarán adelante en sus respectivas iniciativas de protestar ante el polémico proyecto de ley que fue radicado por la ministra de Educación.
Con antecedentes tan recientes como los desmanes que se registraron en Chile, la advertencia del presidente Santos sobre la posible infiltración de grupos armados, los ánimos parecen estar más caldeados que nunca, puesto que estudiantes y profesores no parecen resignarse a que ocurra una situación similar a la que se registró en el país austral de manera que parecen estar dispuestos a evitar una eventual privatización a toda costa.
De cara a una serie de protestas cuyo inicio está programado para los próximos 7 y 12 de octubre, el presiente de la Federación Nacional de Educación Superior, Giovanni Páez, así como el secretario de asuntos educativos, pedagógicos y científicos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), Luis Grubert, explican las razones por las cuales insisten en apartarse de la polémica reforma a la educación superior.
1. FALTA DE CONSENSO
Para los estudiantes universitarios, puesto que el proyecto del Gobierno no nació del seno de la comunidad académica, la iniciativa carece del respectivo consenso o debate al interior de las aulas que pudiera otorgarle una condición de legitimidad; además, argumentan que el Ministerio de Educación se limitó a pedir el concepto de los rectores de las universidades dejando de lado a profesores, trabajadores y estudiantes.
2. VULNERABILIDAD DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Pese a que el Gobierno propuso la fórmula de que la empresa privada invirtiera en las instituciones de educación superior para solventar su crisis –donde quien a decir de educadores y maestros “quien pone la plata pone las condiciones”- posteriormente dio marcha atrás a la polémica medida para terminar “disfrazándola” bajo la figura de Universidad mixta, que será vigilada por la Superintendencia de Sociedades y no por el Ministerio de Educación.
Alegan además que partir de lo que denominan como “implementación de políticas restrictivas por parte del Gobierno”, la Universidad pública ha tenido que subvencionar su sostenimiento con el pago de matrículas cuyo precio se ha ido incrementado a tales extremos que hoy en día constituyen un factor de discriminación entre los estudiantes.
En ese sentido, para los estudiantes es también cuestionable que los Consejos Superiores que trazan las directrices de las universidades estén conformados en su gran mayoría por “agentes externos”, puesto que a su juicio esta situación interfiere en las decisiones que le corresponde adoptar a los centros educativos como la elección de rectores en la que la participación de los estudiantes es nula.
3. FINANCIACIÓN E INEQUIDAD SOCIAL
No obstante a que el Estado decidió focalizar los créditos a través de Icetex, los créditos solo son entregados a estudiantes que pudieran garantizar el pago de la deuda, a los que si bien luego se sumaron unos créditos de carácter condonable continúan siendo un factor de discriminación.
En este sentido, los estudiantes cuestionan el escaso presupuesto que actualmente se entrega a las universidades porque en la actualidad se toma con base en el índice de precios al consumidor (IPC).
Según los datos que maneja el Gobierno hoy en día se adeuda $ 672 mil millones de pesos a las universidades públicas y además se reclama que no existan estudios serios para saber cuánta plata necesitan en realidad ese tipo de centros educativos.
4. DEFICIENCIA EN COBERTURA
Según los docentes, el Gobierno ha anunciado que la cobertura universitaria pasará del 24 a más del 60 por ciento de nuevos cupos; no obstante, en dicho aumento estaría también incluido el Sena –institución que ha sido diseñada para ofrecer educación a mano de obra calificada-, cuya financiación está garantizada a partir de los impuestos parafiscales que deben pagar todas las empresas.
De manera que al incluir al Sena junto a las otras instituciones de educación superior se estaría haciendo parecer que se le dan más recursos a las universidades de carácter estatal debido a que las plantas de docentes pensionados deberán ser pagados con recursos de las propias universidades.
5. DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
La creciente carga pensional supondrá una notable reducción de la cantidad de maestros activos de tiempo completo y dedicación exclusiva, que obligará a la contratación de una gran cantidad de maestros en calidad de catedráticos que de ninguna manera podrían adelantar tareas de tipo investigativo y supondrían una notable disminución en la calidad de la educación.
“En la educación no se gasta, se invierte”, advierten los docentes, al tiempo que anticipan que las actuales circunstancias solo aumentaran la brecha entre ricos y pobres, además de profundizar la actual inequidad social.
6. BIENESTAR CUESTIONABLE
Los estudiantes reclaman una formación integral en la que no solo se incluya formación artística y deportiva, sino restaurantes, residencias y becas; beneficios para los que piden fortalecer las dependencias de bienestar universitario no solo para la práctica de otras actividades sino para que se evite la deserción académica por falta de recursos económicos.
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