Según Amnistía Internacional, cerca del 90 por ciento de los 32.000 paramilitares desmovilizados entre 2003 y 2006 "no fueron nunca investigados por violaciones de DD.HH. y por tanto pudieron volver libremente a sus comunidades".
Foto: AFP
La contralora general de la República, Sandra Morelli, no ocultó su sorpresa y molestia al encontrarse con un hecho que no dejó de calificar como paradójico, en el sentido de que las asignaciones que viene dando el Estado a antiguos miembros de organizaciones paramilitares equivalían al sueldo que recibe un soldado profesional.
“La manutención diaria de una persona que ha decidido abandonar las armas, y está muy bien el hecho de ingresar al grupo de la civilidad, pero que sin embargo no realiza ninguna actividad ni tiene ningún cargo al interior del Estado, pero recibe exactamente la misma remuneración de un soldado profesional colombiano”, aseguró la contralora durante su intervención.
De acuerdo con la contralora, el monto de los recursos que se están destinando a los antiguos victimarios, ahora desmovilizados, sobrepasa el de los que se viene asignando a las personas víctimas del conflicto armado y que se encuentran en situación de desplazamiento.
“Se impone una revisión de elemental equidad porque no podemos mantener estos esfuerzos que implican una sustracción de recursos y suplantaciones como se vio en casos muy recientes como el de la Cacica Gaitana, pero si tenemos que hacer una evaluación de las cifras que estamos destinando para la atención de las víctimas y victimarios con el fin de poder compararlas con las asignaciones que reciben otros colombianos”, agregó la jefa del ente fiscalizador.
Asimismo, la contralora también llamó la atención sobre la necesidad de dar a conocer el desarrollo del denominado “Plan de Consolidación” como la nueva estrategia adoptada por el Gobierno Nacional en el que a la vez de recuperar espacio territorial como consecuencia de repeler a las fuerzas ilegítimas que se retiran, paralelamente va acometiendo una serie de obras con el fin de que la población desplazada efectivamente pueda volver a sus tierras.
IMPUNIDAD
La sorpresiva declaración de la contralora fue recibida con perplejidad y asombro por parte de algunos de los asistentes a la sesión programada por la Corte Constitucional, uno de cuyos miembros, el magistrado Nilson Pinilla, no dejó de calificar como de “falla gravísima del sistema penal” en el fideicomiso de las incautaciones y su extinción de dominio.
“Si bien es cierto que la buena fe debe ser protegida, es difícil asumir el cuento de que se adquirieron de buena fe bienes obtenidos a un precio ostensiblemente inferior al real”, afirmó el magistrado insistiendo en que a pesar de que ya hubieran pasado cerca de ocho años desde que se tomó la determinación de solucionar las gravísimas irregularidades se continuaban debatiendo los mismos temas.
No obstante, Pinilla destacó el hecho de que la Fiscalía General de la Nación hubiera decidido crear una unidad específicamente diseñada para atender ese tipo de delitos llamando sin embargo la atención sobre el hecho de que durante los años anteriores no se hubiera hecho nada, como lo demuestra la “impunidad absoluta” de la que apenas comenzaría a salir el país a pesar de las irrisorias penas de prisión impuestas a los victimarios, las cuales se han visto también disminuidas por cuenta de las rebajas de pena.
“La impunidad no está dada solamente en que no se sancione con una pena de prisión. La impunidad es que haya alguna utilidad que le quede al delincuente luego de haber cometido el delito”, afirmó el magistrado para insistir en la necesidad de que todos los órganos competentes adscritos a la Rama Judicial tenían la gran responsabilidad de volver al estado de cosas que existía antes de la comisión del delito, sin que llegue a beneficiarse de un solo centavo de lo que por derecho le corresponde a su víctima.
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