El juez federal Norberto Oyarbide investiga a Morales Bermúdez, a Videla y a Albano Harguindeguy, quien fuera ministro del Interior de Videla, en el marco de una causa relacionada con el Plan Cóndor, basado en la colaboración que se brindaron entre sí los gobiernos militares del Cono sur en los años 70 y 80 para reprimir a sus opositores.
Videla cumple en la actualidad dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983), mientras que el ex general Harguindeguy está en prisión domiciliaria por problemas de salud, acusado de varios delitos cometidos durante el régimen de facto, entre ellos el secuestro extorsivo de un empresario y su hijo y el homicidio de un obispo.
Oyarbide acusa a los tres de privación ilegal de la libertad y tormentos perpetrados a 13 de ciudadanos peruanos presuntamente detenidos ilegalmente en su país en mayo de 1978 y trasladados luego Argentina, desde donde fueron expulsados, según la resolución judicial a la que accedió Associated Press.
El juez pidió a Interpol la "detención provisoria con fines de extradición" de Videla.
"A tal fin, líbrese exhorto internacional al Sr. Magistrado con jurisdicción en la ciudad de Lima, República de Perú, con jurisdicción y competencia en dicha ciudad. Dicha medida será cumplimentada a través de la Cancillería Argentina, en virtud de los tratados internacionales que vinculan a ambos países (Ley 26082)", señaló el magistrado.
Además dispuso que Videla y Harguindeguy presten declaración indagatoria el 22 y 23 de febrero, respectivamente.
Desde Perú, Morales Bermúdez reconoció en declaraciones a la emisora Radioprogramas que durante su gobierno se trasladó a 13 opositores de su gobierno a Argentina, pero negó que este proceso se haya llevado a cabo de manera irregular.
Según la resolución judicial, la causa se inició en 2008 con la denuncia del hoy querellante, el peruano Ricardo César Napuri Schapiro, quien afirmó que como parte de la operación Plan Cóndor, el 25 de mayo de 1978 en la ciudades de Lima y Arequipa fueron secuestrados un grupo de ciudadanos peruanos opositores a la dictadura encabezada por el general Morales Bermúdez.
El grupo estaba conformado por Napuri Schapiro, José Luis Alvarado Bravo, Justiniano Aspaza Ordoñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Blanco Galdos, Humberto Damonte Larrain, Ricardo Diaz Chavez, Javier Diez Canseco Cisneros, Genaro Ledesma Izquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco, Guillermo Faura Gay.
El querellante señaló que todos fueron acusados de llevar a cabo actividades subversivas y que fueron conducidos a la sede de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y luego a la Base del Grupo 8 de la Fuerza Aérea en Lima, sin una orden judicial.
En la base aérea --según indicó-- fueron sometidos a golpes, culatazos y otros tormentos por parte del personal militar peruano; posteriormente fueron trasladados ese mismo 25 de mayo en un avión de la Fuerza Aérea peruana a la provincia argentina de Jujuy, en el norte.
Allí --según el mismo relato del denunciante-- fueron entregados a una brigada antisubversiva del Ejército Argentino e ingresados al regimiento de infantería de Montaña N 20.
"Se les comunicó que la situación era de prisioneros políticos y de guerra del gobierno argentino y que dicha situación estaba convalidada por las jefaturas militares y del gobierno de Perú y de Argentina", señaló la resolución.
A los pocos días los prisioneros fueron trasladados a Buenos Aires, al Departamento Central de la Policiá Federal, donde se los trató de "ablandar", con el fin de que firmaran el documento de asilo voluntario dirigido al gobierno de las Fuerzas Armadas, afirmó el denunciante.
Señaló que como Argentina era sede en ese momento de campeonato mundial de fútbol de 1978 y en el exterior existían denuncias de los hechos de los cuales los peruanos eran víctimas, "fue evidente que la dictadura argentina quiso salir de esta cadena de delitos que cometían con ciudadanos peruanos, bajo una forma que ante prensa disfrazarían como 'pedido de asilo', en primer lugar y luego como 'salida voluntaria del país".
Agregó que el gobierno militar argentino en combinación con la Embajada Peruana en Buenos Aires resolvieron que el consulado peruano otorgara al grupo "pasaportes de emergencia para su salida de la Argentina". Finalmente --dijo-- fueron "expulsados" por vía aérea desde el aeropuerto de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, sin precisar con qué destino.
Morales Bermúdez señaló a la emisora Radioprogramas que "es un cuadro muy parecido al de hace unos años cuando la justicia italiana también pidió mi captura".
Señaló que "el asunto principal es que quieren encuadrar a la fuerza al Perú en el Plan Cóndor. El Perú nunca entró al Plan Cóndor, porque aquí el gobierno militar estaba en un proceso de transición a la democracia".
"Eran personas que estaban alterando el orden público en plena transición (del gobierno militar a una democracia). Sí fueron deportados, algunos eran candidatos, pero luego regresaron, porque no se les hizo absolutamente nada e incluso algunos de ellos fueron constituyentes de la República", añadió.
"Estaban luchando para que el proceso (hacia la democracia) no culminara", acotó.
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Desde Lima contribuyó a esta nota la periodista de AP Carla Salazar.
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