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El Gobierno de Costa Rica aseguró que cesó el lunes a Karina Bolaños del cargo de viceministra de Juventud a causa de dos denuncias en su contra por acoso y no por un vídeo íntimo que circuló por internet ese mismo día.

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Bolaños nunca informó a sus superiores de dos denuncias vigentes en su contra por supuesto acoso a un exnovio y tampoco de la extorsión de la que supuestamente era víctima a cambio de no publicar el vídeo íntimo, explicó el Ministerio de Cultura y Juventud en un comunicado.

"El hecho de que la exviceministra no informara a sus superiores ni sobre la supuesta extorsión ni sobre los casos judiciales en su contra, implicó una violación en su deber de revelar los factores de riesgo vinculados con su cargo, y constituyen razones poderosas para una pérdida de confianza", indicó el comunicado.

Su destitución "nada tiene que ver con sus asuntos personales, sino con factores directamente vinculados con el ejercicio de sus funciones", resaltó el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla.

Según el comunicado, la gobernante solicitó el pasado lunes a Bolaños que dimitiera y, al no acceder, fue despedida.

Ese día un diario publicó que la exfuncionaria tenía dos denuncias en su contra y medidas cautelares en las que se le prohíbe acercarse al denunciante.

Más tarde, el mismo lunes, comenzó a circular en internet el vídeo, en el que ella graba un mensaje romántico en ropa interior para un sujeto no identificado y que no aparece en la imagen.

Bolaños no ha brindado declaraciones a la prensa costarricense, pero el martes en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, dijo que no tenía de qué avergonzarse y que, aunque respetaba la decisión de Chinchilla, consideraba que su despido era una "injusticia" porque tenía derecho a defenderse.

"El trabajo no debe medirse por cuestiones que son de la vida íntima y personal", apuntó la exfuncionaria.

Bolaños aseguró que el vídeo estaba en una de sus computadoras y fue robado por "un ingeniero informático" que fue contratado por su familia para instalar cámaras de vigilancia, a quien no identificó, y al que acusó de haberla extorsionado durante un año para no publicar las imágenes.

El Gobierno indicó que "lamenta profundamente y condena la irresponsable invasión en la privacidad de la exviceministra y la afectación que esto haya tenido en su integridad moral y familiar", y que espera que se castigue a los responsables.

"Cuando tales revelaciones, aunque totalmente censurables en su origen, afectan la buena imagen del funcionario ante los ciudadanos y su capacidad de ejercer adecuadamente el cargo, debe separarse de sus responsabilidades. Si el funcionario no lo hace voluntariamente, el deber del Gobierno es destituirlo", concluye el boletín.

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