Colombia

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22 de agosto de 2011 • 07:20 • actualizado a las 07:35

Uribe se defiende de acusaciones de The Washington Post

"Nuevos escándalos involucran la ayuda estadounidense y, posiblemente, a funcionarios de EE.UU., en los atroces abusos de poder y acciones ilegales por parte del gobierno colombiano", dice The Washington Post.
Foto: David Felipe Rincón / Terra
 

El expresidente Álvaro Uribe dirigió una carta al diario The Washington Post como respuesta al artículo que denunciaba que la ayuda que Estados Unidos ha dado durante una década a Colombia para el combate al narcotráfico y las guerrillas, presuntamente, se habría usado para espiar y difamar a jueces y grupos opositores generaron un escándalo en el país.

El exmandatario, quien asegura sentirse decepcionado por esta publicación, señala que la información  que contiene el artículo “manipulan y distorsionan la realidad hiriendo la imagen de un Gobierno”.

En este sentido, Uribe explica cómo fue su lucha contra las guerrillas y la manera en que buscababa la protección de periodistas, opositores y magistrados.

Por último, el ex jefe de Estado señaló que, bajo su consideración, los autores del artículo “han actuado imprudentemente y sin ningún rigor al poner acusaciones difamatorias y poniendo en peligro la imagen de Colombia y mi administración”.

LA RÉPLICA DE URIBE

A continuación transcribimos el texto traducido de la carta enviada por el exmandatario al editor de The Washington Post.

Señor Marcus W. Brauchli

Editor

Washington Post

Señor Brauchli, aprovecho esta oportunidad para expresar mi profunda decepción por el artículo publicado el 20 de agosto de 2011, escrito por Karen DeYoung y Claudia J. Duque con el apoyo de Juan Forero bajo el título: “Ayudas de Estados Unidos implicadas en abusos de poder en Colombia” (U.S aid implicated in abuses of power in Colombia).

A lo largo de mi vida siempre he profesado y ejercido el respeto por la prensa, ya que es un componente de una verdadera democracia y de una sociedad abierta.  Los principios de la prensa libre deben ser guiados por la búsqueda de la verdad sin caer en el territorio de la subjetividad, que elude un juicio justo y el análisis de los hechos indiscutibles.

El artículo mencionado anteriormente ha cuestionado los métodos y resultados de los esfuerzos del Gobierno colombiano por construir una sociedad libre de terrorismo y narcotráfico y para salvar al país del camino hacia un Estado fallido.  Este también ha cuestionado los apoyos de Estados Unidos a Colombia reclamando que esos recursos fueron usados con propósitos criminales por la implicación directa  de mi administración con la intención de “neutralizar la Corte Suprema porque sus magistrados investigadores estaban revelando lazos entre aliados en el Congreso colombiano y grupos paramilitares traficantes de drogas”.

Tales afirmaciones manipulan y distorsionan la realidad hiriendo la imagen de un Gobierno que desmanteló las estructuras paramilitares en Colombia y extraditó a sus máximos cabecillas a los Estados Unidos.  Estas también dejan de informar que durante nuestra administración más de 1.100 traficantes de drogas fueron extraditados, que los cultivos ilícitos fueron reducidos en un 50 por ciento y que organizaciones narcoterroristas como las Farc y el ELN fueron sustancialmente debilitadas.  Y lo que es más importante, el artículo no resalta que tan incuestionables resultados fueron alcanzados con el transparente y riguroso apoyo del Gobierno de Estados Unidos.  Con una simple revisión de los hechos es evidente que las motivaciones de nuestro Gobierno fueron combatir todas las formas de crimen organizado y no ser parte de él, tal como afirman los falsos testimonios incluidos en el mencionado artículo.

Este artículo también asegura que nuestro Gobierno estaba enfocado en obstruir la justicia y supervisar líderes.  Sorpresivamente, los autores no mencionan, ni siquiera, todo el apoyo operativo y de presupuesto otorgado a la Rama judicial o las garantías dadas a los líderes, periodistas y miembros de los partidos de oposición. Ellos también evitaron mencionar que yo, personalmente,  pedí al Congreso que organizara una audiencia pública para responder cualquier acusación  en mi contra; e ignoraron que en dicha audiencia expresé que la Presidencia nunca ordenó ninguna acción contra los miembros de la Corte Suprema, o simplemente cualquier acción contra la ley.

Señor Brauchli, durante mis ocho años en la Presidencia nuestra administración trabajó duro para restaurar la confianza y para crear un camino a la prosperidad para todos los colombianos. Nosotros tuvimos éxito en ese esfuerzo gracias a nuestro compromiso diario de trabajar con transparencia, consistencia y competencia, abiertos al escrutinio público.

Por todas las razones expuestas yo considero que los autores del artículo han actuado imprudentemente y sin ningún rigor al poner acusaciones difamatorias y poniendo en peligro la imagen de Colombia y mi administración, sin una evaluación imparcial de los hechos y los testimonios.

Sinceramente

   Álvaro Uribe Vélez

Expresidente de Colombia

EL ARTÍCULO

El diario The Washington Post publicó un artículo en el que plantea que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez habría usado dineros provenientes de la ayuda estadounidense y, posiblemente, funcionarios de ese país para llevar a cabo acciones ilegales que le permitieron abusar de su poder.

En el artículo, firmado por Karen DeYoung y Claudia J. Duque, se afirma que si bien el caso colombiano de lucha contra la guerrilla ha sido considerado como un modelo exitoso que debiera ser replicado en Afganistán hoy puede ser cuestionado por la serie de escándalos que apuntan violaciones de la ley y abuso de poder.

"El dinero los equipos y la instrucción estadounidenses dados a unidades de élite de los servicios de inteligencia colombianos, se usaron para llevar a cabo operaciones de espionaje y campañas de difamación contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, opositores del presidente (Álvaro) Uribe y otros grupos de la sociedad civil", puntualiza el artículo.

Según el Post las revelaciones forman parte de una investigación cada vez más amplia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por parte de la Procuraduría.

"Seis ex funcionarios de alto rango en el servicio de inteligencia han confesado crímenes, y más de una docena de otros agentes están bajo juicio", añadió. Varios colaboradores del expresidente Uribe están siendo investigados y una comisión legislativa especial ha iniciado pesquisas respecto a Uribe mismo.

Según el diario los funcionarios estadounidenses niegan que hubieran sabido o que hayan estado involucrados en acciones ilegales cometidas por el DAS.

Durante más de una década y bajo tres presidentes de Estados Unidos, Colombia ha sido el aliado más firme de Washington en América Latina y ha recibido 6.000 millones de dólares en ayuda militar y económica durante la presidencia de Uribe entre 2002 y 2010.

REACCIONES

El informe del diario estadounidense aparece al tiempo que la Cámara de Representantes de  Colombia investiga las escuchas y seguimientos ilegales que afectaron a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010).

"Este es un nuevo aspecto por el cual el expresidente tendrá que responder ante el congreso norteamericano", señaló Iván Cepeda, representante a la Cámara y una de las víctimas de las escuchas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad.

"Yo personalmente haré inmediatamente una acción para que congresistas de EE.UU. tomen cartas en este asunto", añadió Cepeda al anunciar que demandará en Estados Unidos a Uribe.

El artículo de primera página del Washington Post, y que cita como fuente de sus informaciones a documentos policiales y fiscales y exfuncionarios de los servicios de inteligencia colombianos, sostiene que "las revelaciones implican la ayuda de EE.UU. en atroces abusos de poder y acciones ilegales".

 

Según el Post esas acciones las ha llevado a cabo el Gobierno colombiano "bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo y el contrabando de drogas".

Para el jefe del Partido Liberal Colombiano (PLC), Rafael Pardo, esas revelaciones "aportan un nuevo actor" al proceso de las escuchas y seguimientos ilegales.

Según Pardo, con dinero o no de Estados Unidos, este hecho "no lo hace mas grave pero sí enrarece el debate".

Sin embargo, para el senador Juan Guillermo Cristo, también liberal, "lamentablemente" el Gobierno Uribe "fue engañado" por cuanto "se usaron recursos de Estados Unidos en actividades no tan santas".

En opinión de Cepeda, "es muy grave que el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos se esté utilizando para acabar con el prestigio de magistrados, periodistas y opositores políticos" en Colombia.

Según el congresista, con fondos estadounidenses el DAS supuestamente compró "equipos especiales para interceptar teléfonos" que "por órdenes del poder ejecutivo" no fueron usados para los fines que se tenían previstos.

Cepeda cree que llega el momento en que Uribe "debe empezar a responder" ante instancias internacionales por las escuchas y seguimientos ilegales.

Lea el artículo: U.S. aid implicated in abuses of power in Colombia